Desde que inició la llamada guerra contra el narco
En diciembre de 2021 se encontró el cuerpo de un niño de 12 años dentro de su casa en el municipio de La Piedad, en Michoacán. Tenía un disparo en el cráneo. En Puebla, apenas el 12 de marzo, Jorge Luis, de 13, esperaba en casa a sus padres cuando entraron a robar a su domicilio. Lo torturaron y le dispararon. En junio pasado asesinaron a un joven de 25 años en el Mercado de Jamaica, Ciudad de México; le dieron dos tiros en el rostro.
Desde que inició la llamada guerra contra el narco, los homicidios de niños y jóvenes no se han detenido, al contrario, han crecido a pesar de las estrategias policiales y militares de los gobiernos, y aun con los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2007, con el Ejército a cargo de la estrategia de seguridad, la estadística del Inegi muestra mil 876 homicidios de personas menores de 30 años con arma de fuego. Para 2012, la cifra casi se cuadruplicó. En el sexenio de Felipe Calderón ultimaron a 33 mil 611 con un arma; 15 cada día.
Enrique Peña Nieto estableció una estrategia similar y, aunque logró un descenso en los homicidios durante 2014 y 2015, su administración acumuló 40 mil 214 asesinatos con armas contra este sector; 18 diarios.
López Obrador llegó a la Presidencia en el punto álgido de esa crisis. Como estrategia optó por crear programas sociales para “atender las causas que originan la violencia”, que consisten en dotar de recursos económicos a niños y jóvenes, con la finalidad de que continúen sus estudios o puedan trabajar. Propuso “becarios, no sicarios”.
Pese a ello, en 2019 y 2020 se cruzó el umbral de 10 mil homicidios cada año. Ejecutaron a 28 niños y jóvenes por día.
En estos años, 40% de las víctimas de homicidios por armas de fuego estaban dentro de ese rango de edad. El 90.5% de los casos son hombres, aunque también se ha incrementado el uso de armas de fuego contra mujeres. La mayoría de las veces, estas muertes ocurren en la vía pública, en lugares sin identificar y en viviendas particulares.
Entre 2007 y 2020 han sido asesinados 94 mil 79 niños, niñas y jóvenes menores de 30 años con un arma de fuego.
En los 14 años analizados para este reportaje, los estados más letales fueron Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Colima y Baja California, con cifras que van desde los 200 hasta los 600 asesinatos por cada 100 mil jóvenes.
Las estadísticas preliminares del Inegi para los primeros seis meses de 2021 muestran 6 mil 36 homicidios de niños y jóvenes; 75% por arma de fuego. Aún está pendiente la información del segundo semestre y conocer el impacto real que las armas tuvieron en la vida de personas de cero a 29 años, según su intervención en accidentes, suicidios y hechos de intención no identificada.
Quitar el semillero
Recientemente, el presidente López Obrador insistió en un descenso en los homicidios, un logro que atribuyó a los programas para el bienestar. Entre ellos, la Beca Benito Juárez, que ofrece hasta 2 mil 450 pesos mensuales a estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como a Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) que da 5 mil 258 pesos y un seguro médico a personas de entre 18 y 29 años.
“De no haber actuado, como lo hicimos desde el principio, con los programas para el bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios”, dijo el Presidente en su informe 100 días, Cuarto año de gobierno.
El Mandatario afirmó en febrero pasado, durante su visita a Coahuila, que ceder apoyos para estudiar y trabajar “le está quitando el semillero a los grupos de la delincuencia organizada”.
Marath Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), asegura que JCF, bajo su cargo, sí impacta contra la violencia.
La estrategia es “reenganchar a los jóvenes por el camino de la cultura laboral”, pues la falta de empleo, recalca, es una de las causas de la violencia. Sostiene que entre 40% y 50% de los beneficiados se colocan en un mejor empleo después de esta experiencia.
La STPS no proporcionó análisis propios que sostengan su dicho, pero compartió el estudio JCF durante la pandemia, de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que analizó una muestra de 859 beneficiarios durante 2020 y así determinó que cinco de cada 10 jóvenes encontraron trabajo tras ser JCF.
El estudio no especifica si esto se tradujo en un mayor ingreso ni el impacto en la reducción de la violencia. La Oficina de la Presidencia no respondió a la solicitud de entrevista.
Especialistas consultados señalan que los programas sociales no deben ser el único frente abierto para reducir la violencia, sobre todo por la presencia cada vez más frecuente de las armas de fuego en esta ecuación.
Romain Le Cour, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, explica que en 1997 las armas de fuego solían aparecer apenas en 15% de los homicidios, pero actualmente figuran en 70% de estos.
“La violencia en el país no se debe únicamente a la gente más marginada, pobre o con menos oportunidades. Hay muchísimos usos de la violencia en el país que no tienen que ver con condiciones socioeconómicas”, advierte.
Omar García-Ponce, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York, ha analizado las causas de la violencia.
Explica que el incentivo no es estrictamente económico, es también un tema de identidad, de aspiración y de búsqueda de reconocimiento que pasa por alto los riesgos. Historias particulares que se desarrollan en medio de la fragmentación del mundo criminal, su diversificación de actividades ilícitas y la desconfianza creciente no sólo para con la autoridad, sino entre los mismos integrantes de una comunidad.
“En esta administración las cosas no han empeorado mucho, pero no han mejorado. Seguimos en máximos históricos de homicidios. Los programas sociales tienen algunas fallas de diseño que nos impiden hacer una evaluación de impacto. No se trata simplemente de emparejar las oportunidades en términos económicos, sino de analizar y entender con mayor profundidad la descomposición social”, recalca.
La violencia que escala
Las balas que entraron en el cuerpo de Tiara tienen un núcleo de plomo y están recubiertas por una camisa de cobre; cada una pesa 3.22 gramos. Un hombre entró a la casa de sus abuelos en Tultitlán, Estado de México, fue a su habitación y le disparó cuatro veces por la espalda con una pistola calibre .25.
El peritaje no ahondó en la procedencia del instrumento homicida. “Era un arma hechiza, de las que cualquiera puede comprar. Es impresionante que con un pedazo de cobre te terminen la vida. A nosotros nos la terminaron”, dice Irma Gallardo, la abuela de la pequeña.
El homicidio de Tiara, ocurrido en diciembre de 2014, refleja cómo la escalada de violencia ha tenido también un impacto en la vida de niñas y niños. Los datos de mortalidad muestran un incremento en las muertes de menores de 15 años por armas de fuego. Son principalmente homicidios; los menos, accidentes, suicidios y otros.
En 2007 se registraron 149 defunciones de menores de 15 años en las que intervino un arma de fuego; la cifra de 2020 muestra 247. La mayoría ocurrió en vía pública y, en segundo lugar, en los hogares. Aunque la mayoría de las víctimas son adolescentes, también hay registros de recién nacidos y niñas y niños en la primera infancia.
“Se sigue pensando que esto sólo ocurre en el mundo adulto, reflejo de la invisibilidad de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones públicas. En las grandes estrategias para detener la violencia siguen sin ser nombrados”, advierte Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
El rol de las armas
Año con año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registra nuevas armas de fuego. Sólo en 2021 documentó casi 31 mil. Sin embargo, ninguna autoridad sabe cuántas armas ilegales se mueven en el país ni en manos de quiénes están.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estimó que entre 2010 y 2020 llegaron 2.5 millones de armas de forma ilícita, un fenómeno que creció cuando Estados Unidos legalizó la venta de armas de asalto en 2004.
La organización Small Arms Survey; sin embargo, calculó que hasta 2017 había 16.8 millones de armas en manos de civiles en México, la mayoría ilegales. Tanto la Sedena como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negaron entrevista.
Las armas de fuego se han convertido en el instrumento predilecto para cometer homicidios, pero también han tenido una participación relevante en muertes por operaciones legales y de guerra (513), suicidios (2 mil 207), accidentes (3 mil 166) y casos de intención no determinada (4 mil 182) para las personas menores de 30 años. También tienen un rol importante en las lesiones.
Marcelo Ebrard, titular de la SRE, mencionó el 21 de diciembre pasado: “Si nosotros no reducimos la disponibilidad de armas, es imposible reducir la violencia. A mayor disponibilidad, vas a tener mayor número de homicidios y más violencia”.
En esa línea, el canciller encabezó una demanda en contra de 11 productores estadounidenses de armas, a quienes reclama que las prácticas de fabricación y venta favorecen el uso de armas vinculado a la violencia en México.
La medida interpuesta en una Corte de Massachusetts, Estados Unidos, marcará la agenda bilateral, advierte Le Cour, pero aun con ello, “si logramos parar el flujo de armas que entran a México, todavía tendremos un problema al interior”, expresa.
